CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: SÍ, PERO NO ASÍ

Una constitución, entendida como una ley fundamental, una base sobre la que asentar el presente y el futuro de una comunidad política (no necesariamente democrática, ojo!), es imprescindible para cualquier forma de convivencia pluralista basada en la paz. La Constitución recoge la letra, y debería recoger también el espíritu, de un pacto entre las personas y grupos cuya convivencia formaliza. Y aquí llega algo importante: es este pacto el que construye y constituye a la “comunidad política”, y no al revés. Los “constituyentes” eligen denominarse X y formalizar su pacto en base a Xi condiciones, NO al revés.

El hecho último del origen de las constituciones es que los pueblos se hacen a sí mismos a través del diálogo y el acuerdo. Ni se hacen desde una élite, ni se diseñan desde algún manual. Esto es así porque el acuerdo constitucional, para validarse, necesita incluir a la mayoría cualificada de los sujetos afectados por ese acuerdo. Viene siendo algo así como una comunidad de vecinos: imaginad el desgobierno de acordar normas comunes, que afectan al conjunto de forma fundamental, sin el conocimiento y/o el consenso de la mayoría de vecinos/as.

Hoy, la Constitución Española afronta su 38 cumpleaños en un contexto complejo. Pues es obvio que el texto necesita actualizarse: el tiempo ha pasado y muchos de los avances, y retrocesos, producidos desde 1978 (cuando entró en vigor), han dejado lecciones valiosas de imprescindible incorporación al pacto básico de convivencia que es la Constitución. Algunas incorporaciones imprescindibles: reforzar los derechos fundamentales, incorporar derechos civiles derivados de la democracia y la sociedad de consumo, la precisión respecto al funcionamiento “democrático” de los partidos, el ajuste del modelo cameral español (el Senado está completamente desdibujado), etc.

A esto se deberían añadir otros aspectos necesarios de debate.

Pero lo importante no está en qué debe cambiar, eso es cuestión de otros muchos post, sino de cuándo y quién debe afrontar esa reforma.

Con el cambio del art. 135 a partir del compadreo de los partidos mayoritarios, y las dudas de su legitimidad, además de las consecuencias negativas derivadas de un cambio ausente de reflexión y debate, se nos devuelve a la base del pacto constitucional: no hay validez (ni gobernabilidad) posible sin una inclusión mayoritaria de los afectados por ese acuerdo. Esto no son solo los partidos sino, y fundamentalmente, los sujetos. No podemos confundir al representante con el representado, ni equipararlo, ni considerar que el % de voto de uno representa su nivel de apoyo en todas las cuestiones planteadas. La democracia se fundamenta en la inclusividad, la información, el debate y la reflexión.

A este hecho debemos sumar otra cosa: si las sociedades cambian, pues los recambios generaciones y los hechos tienen un impacto en el presente y el futuro de las comunidades políticas, los cambios del texto deben incluir a estas nuevas generaciones y a las lecciones aprendidas de estos hechos. O, en otras palabras, ni los nuevos partidos ni los nuevos temas deberían excluirse del debate constitucional. Cualquier exclusión sería una quiebra a la legitimidad tan básica que, incluso, podría poner en peligro la aceptación del pacto constitucional alcanzado.

La Constitución Española debe reformarse, pero no de cualquier manera, y menos todavía de la forma puesta en práctica durante la reforma del art. 135. Debe ser el dialogo, no el compadreo, el método fundamental para entrar, con un nuevo texto constitucional, en un nuevo tiempo en el que YA estamos viviendo.

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