Pedro Sánchez durante la presentación de su propuesta de incompatibilidades

PASO 1. CONTEXTO.

España. Década de 1990. Crisis económica. Una idea recorre la opinión pública española: que quienes tengan empleo trabajen menos horas y cobren un poco menos para que más personas puedan tener empleo y cobrar algo. Las cámaras salen a la calle: no pocos ciudadanos muestran su disposición a ceder algo de su bienestar para que otros que no tienen bienestar alguno (y sí un constante sufrimiento) puedan tener aunque sea un poco. La iniciativa surge del PSOE de Felipe Gónzalez y en el Ministerio de Economía se sentaba Carlos Solchaga, quién intentaba sobrevivir a los arreones críticos que, finalmente, lo acabarían sustituyendo poco después para sentar en el ministerio a Pedro Solbes. En el Ministerio de Trabajo estaba el oscuro y breve Luis Martínez Noval. Pocos meses después del encendido debate social -pero también productivo-, de esta idea poco más se supo.

España. Año 2013. Crisis económica. El mismo partido que había propuesto la idea veinte años antes (el PSOE), la vuelve a recoger con disimulo y a escondidas en su ponencia política, llamada “Ganarse el futuro”. Lo hace en la página 19, de refilón y en términos vagos. El secretario general de los socialistas era Alfredo Pérez Rubalcaba. Dos décadas han pasado desde que se propusiese por primera vez de forma abierta y, en dos décadas, en vez de ampliar y consolidar, el argumento se ha escondido y relegado a un segundo plano. Con todo, la idea sigue estando ahí: que los que tengan empleo trabajen menos horas y cobren un poco menos para que más personas puedan tener empleo y, quién peor lo está pasando por su total falta de ingresos, pueda tener acceso a la dignidad laboral y al bienestar social.

España. Año 2014. Crisis económica. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propone la plena incompatibilidad de sus diputados y que dejen de cobrar por asistir a cualquier tipo de acto público. En otras palabras, demanda la plena dedicación a su labor política a quien tenía otras fuentes de trabajo y/o otras fuentes de ingreso compatibilizadas con la representación pública. En el Grupo Socialista se genera malestar por la propuesta, algunos aducen que recordar la existencia de compatibilidades lastra su imagen, mientras que otros argumentan que la ley lo permite y el Congreso lo concede previa solicitud. Con todo, ¿resulta coherente con la medida de redistribución del trabajo y del bienestar que, en nombre del PSOE y para sí mismo/a, uno/a defienda las compatibilidades políticas? Es más, ¿no resultaría la total incompatibilidad para este caso, sin excepciones, sí una idea y una acción plenamente coherentes?

PASO 2. CONCEPTOS.

Precisemos los términos. Cuando hablamos de dos o más labores compatibilizadas y remuneradas, donde todas las fuentes económicas de ingreso resultan imprescindibles para el digno mantenimiento de la persona y/o su familia, estamos hablando de una condición social de “pluriempleo“. Cuando hablamos de dos o más labores compatibilizadas y remuneradas, donde una de ellas es suficiente para el digno mantenimiento de la persona y/o su familia mientras que la(s) demás sirven de complemento para su mejora, estamos hablando de una condición de “poliempleo“.

No consideramos las situaciones de compatibilidad y no remuneración por resultar, dentro de nuestra conceptualización, o explotación (lo que sería ilegal y, por tanto, una relación nula en pleno derecho) u ociosidad (una relación irrelevante en términos de servir para un mantenimiento personal y/o familiar, pues tal mantenimiento se produce en ausencia de trabajo).

Por otro lado, en cuanto al cómputo de la remuneración digna o suficiente para el mantenimiento personal y/o familiar, existen mecanismos comúnmente aceptados que sirven para este objetivo. Uno de ellos es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): la cuantía mínima de ínsumos monetarios intercambiables por un trabajo cualquiera con dedicación a tiempo completo. La Renta Básica Ciudadana (RBC) es otro de los mecanismos: si bien la RBC mide la cantidad de ínsumos monetarios necesarios por una persona cualquiera para la adquisición de los bienes o servicios exigidos por una vida en condiciones de mínima subsistencia y dignidad. Y, el Capital Social (CS) es utilizado por el Banco Mundial para medir el valor de las relaciones a partir de las cuales una persona alcanza los recursos necesarios para su mantenimiento personal y/o familiar; si bien, este mecanismo es más propio de economías nada o poco desarrolladas.

Entonces, entendemos la incompatibilidad como plenamente coherente con la redistribución del trabajo (y con la justicia y el bienestar social) siempre que consideremos a la Política -y especialmente a la representación política ciudadana, como hacemos aquí-, una actividad principal merecedora de ser remunerada suficientemente como para garantizar, por sí sola, el mantenimiento personal y/o familiar de quien la ejerce en nombre de los demás ciudadanos/as.

Tal argumento es extensible a otras circunstancias relativas a quien ejerce la representación pública: como las de mantener su independencia, garantizar plenamente de libertad, conservar la plena inclusividad representativa, o asegurar su autonomía; entre otras. Además, esta incompatibilidad no riñe con las garantías a las que la persona, en el inicio y ejercicio de sus labores políticas, tiene derecho respecto a su trabajo con anterioridad y posterioridad a la asunción de estas responsabilidades.

PASO 3. EL LUGAR DE LA POLÍTICA.

Este hilo argumental nos lleva a que, para responder con justicia sobre la coherencia o no de la incompatibilidad laboral respecto a la actividad política -y, por extensión, de la redistribución laboral y del bienestar social-, debemos responder primero a esta pregunta: ¿qué lugar queremos que ocupe la Política en nuestra sociedad? Si, como defendemos aquí, la política debe ser una actividad principal: entonces la incompatibilidad muestra una coherencia total. Sin embargo, si defendemos que la política debe ser una actividad secundaria, entonces la incompatibilidad sí puede considerar excepciones en aras de mantener la plena inclusividad del sistema democrático, mirando porque toda la ciudadanía (sin excepción) pueda mantener activo su derecho tanto a ser elector como a ser elegible, suprimiendo las barreras que pudieran dificultar o impedir el ejercicio efectivo de este derecho.

Sin embargo, aún aceptando el papel secundario de la política, no todas las excepciones tienen igual entidad, del mismo modo que no todas las configuraciones secundarias de la política son democráticas. Un ejemplo de esto sería la supresión total o limitación extrema de la remuneración económica de la política: irguiendo directamente barreras para la inclusión democrática y para el ejercicio del derecho a la elegibilidad, y consiguiendo indirectamente que solo ociosos o empleados con rentas suficientes o poliempleados pudiesen dedicarse a la política. Precisamente por esto, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos contra la supresión de las remuneraciones de los diputados castellano manchegos, aprobada con la mayoría absoluta del PP a finales de 2012.

Por otro lado, también debemos aceptar, como incoherente a este rol social secundario, la sobrerremuneración de la política. Varios motivos tenemos para pensar así. Primero, si hacemos esto, estamos fomentando indiscriminadamente situaciones de “empleo” (y, en ciertos casos, por qué no, también de “poliempleo”) y, en consecuencia, transformando a los responsables públicos en un “sector” social o incluso “profesional”. Haciendo así, el acceso a la política se convierte en una fuente de ingreso de la misma naturaleza que cualquier otro trabajo no productivo. Segundo, este efecto desvirtúa por completo el rol secundario de la política, al ser principal para aquellos que sí ejercen funciones públicas, ya que los ingresos percibidos resultan imprescindibles o relevantes para el mantenimiento personal y/o familiar. En tercer lugar, esta situación crea competición por “el empleo”, o sea, desvirtúa el compromiso ético con la política y la representación y el servicio público, fomentando fórmulas del ejercicio político alejadas del interés general o el servicio común. Y, en cuarto lugar, al fomentar todas estas situaciones paralelas, se ve claramente afectada la inclusividad, la representatividad y la legitimidad del sistema político.

Aquí cabe recordar que la política no es una actividad económica, sino una responsabilidad pública para cuya eficaz ejecución el pueblo decide, con carácter general, y acorde con el rol concedido a la actividad política para el conjunto del sistema político, una remuneración justa y adecuada.

PASO 4. EL DEBATE.

El PSOE es el partido que ha liderado en España, aunque ahora no presuma demasiado de ello, la idea redistributiva del empleo y del bienestar. Al mismo tiempo, ha defendido una idea de la política como actividad principal, especialmente, en el caso de aquellos que ejercen responsabilidades públicas -funcionarios/as y representantes de la voluntad popular-. Sin embargo, tiene graves problemas de encaje y coherencia de ambas ideas y ello crea, sin duda, importantes distorsiones merecedoras de reflexión.

Un ejemplo de estas distorsiones se observa con la incompatiblidad de los/as diputados/as y la remuneración política. Hagámonos una pregunta: el PSOE se opone a suprimir las remuneraciones de los/as diputados/as de Castilla la Mancha, mientras algunos/as de sus representantes se indignan por exigir la incompatibilidad de todos/as sus diputados/as con otras actividades remuneradas. Entonces, ¿cuáles son los límites del PSOE para la dignificación de la Política?, ¿tiene sentido hablar de “regeneración democrática” sin ser claro sobre el lugar y el papel de la Política? Para más inri, mientras otras fuerzas políticas están siendo claras en este tema, con Podemos y el PP situados en los extremos de una dignificación principal o una sobrerremuneración secundaria, el PSOE todavía no ha marcado márgenes claros, ¿a qué espera?

Eso sí, conste, Pedro Sánchez está intentando marcar con bastante claridad esta línea, pero algo dentro del PSOE no va bien cuando resulta difícil compatibilizar la teoría (la política como actividad principal) con la práctica (la incompatibilidad y la dignificación de la Política).

PASO 5. LA SÍNTESIS.

Hasta aquí, hemos desarrollado un argumento presentado de dos formas distintas: hemos hablado desde un punto de vista de la justicia social y la redistribución del trabajo, por un lado, y desde un punto de vista político respecto a la democracia y su diseño, por otro. Ha llegado el momento de que ambos hilos, el económico y el político, confluyan en uno solo. De esta forma, podemos afirmar que la incompatibilidad estricta dentro de un modelo institucional donde la política ostenta un rol principal garantiza tanto el mantenimiento de los principios de la democracia y del buen gobierno, como de la redistribución de la renta y del bienestar a través del reparto del trabajo.

Inversamente, la compatibilidad de actividades remuneradas en un modelo de rol político principal fomenta la desviación de los principios del buen gobierno a través del “efecto renta” vinculado bien a su extrema reducción (como la supresión de retribución en Castilla la Mancha) bien a su sobrerremuneración (garantizada tanto en vía directa, a través de salarios elevados en extremo, como indirecta, con retribuciones complementarias opacas o debilidades conscientes en los mecanismos de control de ingresos). Este desvío tiene como consecuencias más notables el deterioro de las responsabilidades colectivas en favor de las particulares y la reducción de la eficacia inclusiva en los mecanismos de elegibilidad -siempre que consideremos a los partidos y sus listas cerradas y bloqueadas como la única vía de acceso disponible-.

De esta forma, no solo apoyo totalmente la propuesta de Pedro Sánchez para considerar la incompatibilidad sin excepciones una parte inextricable del modelo democrático español, sino que me parece hasta de sentido común y una obviedad que sea así; siempre dentro de un marco de la política como actividad principal.

PASO 6. EL PROBLEMA: EL DERECHO AL TRABAJO Y LA PUERTA GIRATORIA.

Para llevar a sus últimas consecuencias una incompatibilidad sin excepciones conviene tener en cuenta cuál es su principal escollo: la dificultad de garantizar el derecho al trabajo para quien ha poseído y ejercido responsabilidades de representación pública, por un lado, mientras se evita que ese derecho se convierta en una herramienta para la perversión de la representación, por otro. Todos los representantes públicos tienen derecho a conservar o a conseguir un trabajo antes y tras haber ejercido sus responsabilidades, pero el ejercicio de este derecho no puede servir de cobertura y coartada para prácticas inmorales o abusivas. ¿Cómo conseguirlo?

Un ejemplo del uso abusivo de este derecho es la llamada “puerta giratoria”: la incorporación de anteriores representantes o gobernantes o administradores públicos a la empresa privada cuando, en su canje con estas esferas, ha sido fundamental no su conocimiento de las áreas o su experiencia laboral, conseguida durante el ejercicio de sus responsabilidades públicas, sino su agenda de contactos o sus facilidades para la consecución de prebendas obtenidas a partir de su acceso a esos contactos. No son pocas las dificultades que la esfera pública debe afrontar para no resultar injusta o abusiva en el tratamiento de estos casos. ¿Cuándo averiguar que se trata de un ejercicio del derecho al trabajo y no de una práctica abusiva?

La opinión pública ha generalizado su juicio a partir de dos criterios bastante discutibles: el tamaño de la empresa y el salario percibido. Tanto si se trata de una gran empresa, sobre todo si participa del IBEX35 o es relevante en su sector, como si se trata de un salario anual con más de cinco cifras, la persona en cuestión es tildada automáticamente de deshonesta. La injusticia de tal afirmación, como sobre todo del ejercicio de cualquier acción de derecho en base a esta afirmación, aconseja la necesidad de un debate más a fondo y más concreto que busque solucionar este escollo.

PASO 7. LAS PROPUESTAS.

Ha llegado el momento de sintetizar las ideas:

Abrir un debate sobre qué lugar queremos para la Política en nuestra sociedad (principal o secundario) y cómo, en coherencia con esa conclusión, queremos considerar y retribuir a nuestros representantes, gobernantes y administradores públicos.

Mantener la coherencia entre el lugar de la política y la retribución de la gente que vive de la política: impidiendo las situaciones de desempleo o poliempleo y apostar, al contrario, por situaciones de empleo digno o en el peor de los casos de pluriempleo -vigilando especialmente el ejercicio del derecho al trabajo-.

– En nuestro sistema político actual, intensificar la apuesta por la redistribución del trabajo y, en coherencia con ella, intensificar los sistemas de incompatibilidades sin excepciones; así como mejorar los mecanismos de control y supervisión que impidan o persigan el fraude.

Debatir sobre los mecanismos de control y supervisión dirigidos a evitar el abuso en el ejercicio del derecho al trabajo, una vez que se han ejercido responsabilidades públicas; estos mecanismos deberían ser independientes de circunstancias contingentes como el tiempo, el tipo de responsabilidad o dónde se ejerce el derecho al trabajo.

Apostar por la transparencia y los conflictos de intereses como vías para disuasión de cualquier intento de engaño a la voluntad popular o abuso respecto del interés general.

No perder de vista, durante estos debates y la ejecución de las medidas derivadas de sus conclusiones, el refuerzo de los principios democráticos de legitimidad, inclusividad, representatividad y pluralismo.

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